Aunque el pueblo cubano nunca ha dejado de rebelarse contra las injusticias del sistema impuesto por el Estado, la movilización ciudadana y las protestas pacíficas prodemocracia se han intensificado y vuelto más frecuentes desde finales de 2020. Según información obtenida por el Centro de Reportes de Incidentes de la FDP, el hostigamiento y la intimidación contra defensores de derechos humanos y ciudadanos en general se han profundizado. Esta generalización y agudización de la represión política y la violencia ejercida por el Estado ha marcado la realidad en la Isla, especialmente desde las masivas protestas iniciadas el 11 de julio de 2021.

La Seguridad del Estado y la Policía restringen de manera agresiva la libertad de expresión, reunión y manifestación de los ciudadanos, independientemente de su participación en la oposición o en organizaciones cívicas, con los objetivos de: 1) silenciar cualquier voz disidente en la comunidad y 2) infundir un miedo paralizante en la población.

Además del terrorismo de Estado, el gobierno ha sumido al pueblo cubano en una profunda crisis económica, marcada por el colapso de sistemas esenciales, una inflación desbocada, escasez generalizada y hambre. The Economist estimó que, en 2021, Cuba tuvo el mayor número de muertes por COVID-19 per cápita en todo el hemisferio (550 muertes por cada 100.000 habitantes), mientras las autoridades se negaban a aceptar las vacunas ofrecidas a través del mecanismo COVAX.

Desde 2018 hasta la fecha, la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP) y su Centro de Reportes de Incidentes colaboran con organizaciones internacionales para visibilizar y proteger a las víctimas de la represión en Cuba.